En una concentración realizada en la Plaza de la Virgen. el presidente del CERMI, Joan Planells Almerich, ha asegurado "no entender cómo una sentencia tan clara la recurra la Generalitat sin arreglar la situación y dejando que se aplace indefinidamente".

 

"Pensamos que el copago que ha hecho la Generalitat es incautatorio y deja a las personas sin margen para la autonomía personal, por lo que estamos pidiendo que se acaten las sentencias y que no se aplacen los problemas, permitiendo que las cantidades que se han cobrado indebidamente se recuperen", ha añadido Planells.

 

El presidente de CERMI ha sentenciado que "los servicios no son voluntarios, son indispensables y necesarios, y la Generalitat no puede excluir a nadie".

 

Planells ha calificado de la irresponsabilidad la pretensión de la Generalitat de aplazar el pago uno o dos años mediante la presentación del recurso: "Nos parece una falta de respeto a la discapacidad no solventar las cosas a su debido tiempo".

 

El vicepresidente del CERMI y presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) de la Comunitat Valenciana, Carlos Laguna Asensi, ha anunciado que "vamos a luchar para que no se equipare a las personas discapacitadas con la tercera edad, que es lo que está pretendiendo la Conselleria de Bienestar Social".

 

"Las personas mayores no tienen las necesidades de las personas con discapacidad, que necesitan seguir socializando y tienen necesidades de vestimenta, entre otras, que son las que con este decreto incautatorio se quieren recortar; no hay derecho", ha añadido Laguna.

 

El vicepresidente de CERMI ha hecho referencia a la corrupción y ha manifestado que "no hay derecho a ver cómo desaparece el dinero público de las arcas del Estado", ya que "con este dinero se podría pagar la dependencia de aquí al final del mundo".

 

Laguna se ha dirigido al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, para decirle que "no es el momento de la justicia, es el momento de la política, de sentarse a dialogar con el CERMI y de llegar a intereses comunes, tanto para la Generalitat Valenciana como para el sector de la discapacidad".

 

María José Castill, trabajadora de un centro de educación especial, ha explicado que el hecho de que "el Consell haya recurrido lo que el TSJ ha dado por justo afecta a tres pilares básicos: las personas con discapacidad, los familiares y los trabajadores".

 

"Afecta a los trabajadores porque en la medida que los usuarios no pueden hacerse cargo de este copago, que a su vez es un repago porque ya están pagando por esos servicios, se dan de baja de los centros y con ello hay una pérdida de puestos de trabajo".